Una de las deudas con la ciudadanía es la falta de soluciones en materia de viviendas, lo cual ha sido expresado en varias oportunidades por las autoridades. Hay 16.000 postulantes inscriptos en el padrón provisorio del Instituto Provincial de Vivienda y desarrollo Urbano para los diferentes programas habitacionales –en pocos días más se sortearán 600 casas ubicadas en cuatro departamentos del Gran Tucumán-, lo cual da una pauta de la necesidad de gran parte de la población. “El déficit habitacional es mucho”, dijo la interventora del IPV en septiembre pasado, durante la presentación de un informe de gestión y actualización sobre un programa de 3.600 viviendas.
Las respuestas siempre parecen insuficientes, pese a que en los últimos tiempos ha habido muestras de firmes intenciones de modificar las cosas. Así se ha visto tanto en la reciente entrega de 100 viviendas en Manantial Sur –acto que estuvo a cargo del mismo Presidente de la Nación- como en la llamativa información de que se había actuado en el caso de un adjudicatario que había puesto en venta por Facebook la casa que le había sido entregada pocos días atrás.
La programación y puesta en marcha de planes habitacionales siempre ha tenido claroscuros. Precisamente uno de los proyectos más ambiciosos, el de las 2.500 unidades habitacionales de Manantial Sur, es un ejemplo de esas idas y vueltas que muestran cómo la falta de coordinación, así como la burocracia y los manejos de la política conspiran para que se incumplan las previsiones. Se comenzó a construir el barrio a partir de 2013. Para 2016 se había concluido aproximadamente la mitad de Manantial Sur y las tareas se discontinuaron, quedando 1.022 viviendas a la deriva, casi listas. Faltaron detalles y una obra sanitaria importante que terminó en una disputa entre las autoridades y las firmas adjudicatarias. Después, las discusiones entre la suba del costo de la vida y los reclamos por tareas pagadas pero no realizadas derivaron en la decisión del Gobierno de realizar una inyección extra de dinero en 2019 para que se concluyeran las casas, gran parte de las cuales habían sido vandalizadas. Después llegó la pandemia. Finalmente, fueron necesarias dos leyes para actualizar costos y convenios. Las causas fueron explicadas de muchas maneras. Ahora el Presidente habló de responsabilidad de las anteriores autoridades nacionales, aunque también parece claro que hubo una dispersión de responsabilidades en cuanto que se entregó a gremios la potestad de definir adjudicatarios, lo cual parece haber sumado complicaciones burocráticas al asunto. En abril se dijo que tendría alta prioridad la recuperación de las 1.022 viviendas y que se esperaba que todo estuviera listo para agosto. Considerando que apenas se han entregado 107 de las 1.033 casas, es de esperar que las estimaciones de las autoridades se cumplan en tiempo y forma, aunque hay que tener en cuenta que al ingresar las viviendas a un nuevo programa nacional se estiraron los plazos hasta aproximadamente octubre.
Otro asunto que ha quedado en la palestra ha sido el descubrimiento de que hay viviendas cuya adjudicación no ha sido debidamente controlada, como es el caso de la persona que vendía por redes sociales su casa. Si se tiene en cuenta que hace dos meses las mismas autoridades denunciaron que había gente inescrupulosa que estaba vendiendo adjudicaciones por redes sociales, cabe pensar que urge que se aceiten preferentemente los sistemas de control. Lo mismo vale en cuanto a la previsión de tiempos de construcción y entrega, que suele frustrarse con demasiada frecuencia. Bueno sería que se consideren estos asuntos en forma prioritaria.